Caso $LIBRA: Novelli pidió sacar de la causa a los inversores que compraron la criptomoneda y sostiene que “no hubo estafa”

Mauricio Novelli, el lobbista de Javier Milei que hizo de nexo con Casa Rosada al momento del lanzamiento del criptoactivo $LIBRA, presentó este martes un escrito ante la Justicia argentina, en el que pide excluir del expediente al grupo de inversores damnificados, al considerar que no existió una estafa alrededor del token que promocionó el Presidente y que se vino a pique en cuestión de minutos.

A través de un escrito judicial, Novelli argumenta los motivos por los cuales considera que un grupo de cinco inversores constituidos en la causa no tienen motivos para considerar que fueron estafados al comprar la criptomoneda. En su lectura, en más de un año no lograron identificar ni “una víctima afectada patrimonialmente mediante engaño”, por lo cual pide su remoción del expediente.

El escrito fue presentado por su abogado, Daniel Rubinovich, ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a cargo la causa que investiga el rol de los empresarios Novelli, Hayden Davis, Manuel “Kmanus88” Terrones Godoy y Karina Milei en el armado de la criptomoneda.

Para la defensa, no se cumple la secuencia típica exigida por el Código Penal para hablar de una estafa —ardid, error, disposición patrimonial o perjuicio—, ya que los querellantes no son “particulares ofendidos” por un delito, sino inversores en un mercado de riesgo.

“No se ha identificado ninguna afirmación objetivamente falsa atribuible a los imputados. Lo que aparece en el sumario es sólo un fenómeno especulativo propio de un mercado no regulado; un activo digital de extrema volatilidad; un proyecto tecnológicamente posible; y un cúmulo de decisiones patrimoniales adoptadas libremente por quienes decidieron operar dentro de ese entorno”, sostiene la defensa de Novelli

En ese sentido, el lobbista plantea que los inversores “no actuaron bajo una falsa representación de la realidad, sino que decidieron voluntariamente ingresar a un mercado de altísimo riesgo con la expectativa de ganancias rápidas”.

La caída del precio del token de $LIBRA, que pasó de un pico de casi cinco dólares tras el tuit de Milei a menos de un dólar, se corresponde a “la dinámica propia del mercado” y no a una maniobra engañosa previa, según sostiene.

En ese sentido, pone el foco en que los inversores ingresaron voluntariamente al mercado de las memecoins, el cual se caracteriza por dicha volatilidad.

“El derecho penal no castiga influencias sociales, entusiasmo colectivo ni procesos especulativos. Castiga maniobras fraudulentas concretas. Y aquí no aparece ninguna. No se atribuye a los imputados haber garantizado rentabilidad futura. Tampoco haber asegurado estabilidad de precio, ausencia de volatilidad o recuperación patrimonial. Mucho menos haber prometido retornos determinados o mecanismos de cobertura financiera”, sostiene en un pasaje.

La defensa argumenta que en este entorno rige la “autorresponsabilidad de quien decide adquirir instrumentos altamente volátiles, descentralizados y ajenos a la supervisión estatal”, y que la Comisión Nacional de Valores (CNV) remarcó que este tipo de activos “no califican como valores negociables”.

Novelli pone el foco en que el token, el proyecto y las empresas involucradas efectivamente existieron, que el lanzamiento ocurrió y la operatoria blockchain funcionó de manera real y pública, por lo cual tampoco hubo un engaño allí hacia los inversores.

En ese punto además apunta directamente contra los inversores, al sostener que todos ellos eran expertos y no víctimas ingenuas. La defensa destaca que la compra requería “descargar una wallet descentralizada, fondearla con Solana y operar en una plataforma específica”, lo cual solo es accesible para “personas con conocimientos avanzados en la materia”.

Esta había sido la primera línea argumental esgrimida por Casa Rosada en febrero de 2024 cuando estalló el criptoescándalo. En ese momento, el propio Milei dijo en una entrevista que los inversores sabían bien en qué se metían.

Según recopila el abogado de Novelli, los damnificados Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo tenían expertise en el manejo de criptomonedas.

Vega realizó seis operaciones entre las 19:14 y las 19:47 horas, por lo cual no puede alegar “una compra irreflexiva”; Marchetto operó a través de la plataforma Jupiter con su billetera Phantom a las 22:41 de ese mismo día, cuando el pico ya había pasado; y Quintero llevó adelante cinco compras sucesivas usando una plataforma especializada en memecoins.

Sobre Romeo, quien incluso se presentó ante la Comisión Investigadora $LIBRA del Congreso, señalan que aplicó una estrategia DCA (Dollar Cost Averaging), lo que demuestra una “planificación y administración deliberada del riesgo”; mientras que Paris realizó su compra a través de la plataforma Ripio, específicamente en la sección “Playground”, destinada a activos de alta volatilidad, cuando el token cuando ya había perdido el 87% de su valor máximo, operando a un precio menor a USD 0,60.

“Fueron usuarios que operaron voluntariamente en un mercado descentralizado, copiaron una dirección contractual, accedieron a información pública on-chain, aceptaron cotizaciones variables y firmaron transacciones. La pérdida posterior de valor no transforma esa operatoria especulativa en una estafa”, planteó el escrito.

Además, el lobbista plantea en su escrito que el tuit presidencial fue “un mensaje político, eminentemente vinculado con la promoción de iniciativas privadas” y no una oferta de inversión. “Todo lo que dijo el Presidente en relación con el tema era absolutamente cierto”, sostiene el lobbista.

En otro punto clave, Novelli niega que haya habido una estafa del tipo rugpull detrás del desplome del precio, ya que ninguno de los involucrados desapareció de escena y todos ellos “desarrollaron su actividad de manera pública, asociando sus identidades personales y comerciales al proyecto”, plantea.

Se considera una estafa rugpull a aquellas donde los creadores de un proyecto (generalmente criptomonedas) inflan el valor del activo artificialmente para atraer compradores y luego retiran todo el dinero de golpe. Esto provoca que el valor del activo caiga abruptamente a cero, dejando a los inversores con tokens sin valor.

“Lo que caracteriza al rugpull no es la volatilidad. Es la decisión previa de captar valor mediante engaño, para luego abandonar el emprendimiento y desaparecer con el producido de la maniobra. Nada de eso surge acreditado en el presente caso. Todo lo contrario”, destaca la defensa de Novelli.

Además cita la existencia del Libra Trust, el vehículo financiero planteado por Hayden Davis para utilizar los cerca de 110 millones de dólares que habían ingresado al proyecto y seguir adelante con el financiamiento de las empresas argentinas, tal como había contado Clarín.

La decisión queda en manos del juez Martínez de Giorgi, que deberá resolver el pedido realizado por el criptolobbista que hizo de nexo entre Davis y Casa Rosada.